La pandemia generada por el Covid19 ha puesto en riesgo la vida y la salud de la humanidad. Para mitigar la propagación del virus y preparar a los sistemas de salud, algunos gobiernos han adoptado gran cantidad de disposiciones que limitan e incluso suspenden varios derechos y garantías. Nadie discute que una situación tan difícil y con tan graves consecuencias exige la rápida adopción de medidas haciendo uso de facultades extraordinarias; sin embargo, en un Estado social y democrático de derecho, los derechos y las garantías fundamentales no pueden suspenderse ni siquiera en las situaciones más extremas, porque en una democracia el poder y los derechos de la ciudadanía no se ceden ni se enajenan.

Han trascurrido cuatro meses desde la primera declaratoria de emergencia, y el gobierno nacional, haciendo uso de las facultades previstas en la Constitución ha expedido más de 400 normas [1] (decretos con fuerza de ley, decretos reglamentarios y normas de otra jerarquía), no ha acudido al Congreso a tramitar ley alguna prefiriendo prorrogar la emergencia, y no ha realizado ningún esfuerzo para escuchar de la ciudadanía sus inquietudes y propuestas. Las complejas opciones de acción frente a la pandemia y sus impactos necesitan de información confiable y deliberación pública, sin ellas no tendremos la confianza, la solidaridad y la cooperación necesarias para superar las ya muy graves consecuencias del Covid19.

Preocupadas por el riesgo de un devenir autoritario, varias organizaciones sociales, desde una perspectiva ciudadana hemos acordado vigilar y llamar la atención sobre los riesgos y las afectaciones a los derechos y garantías democráticas en medio de la pandemia del Covid19, y para ello empezamos a realizar seguimiento y análisis de las medidas adoptadas por las autoridades públicas en los niveles nacional y local, y de los conflictos surgidos en su implementación para producir reportes que permitan generar alertas en la ciudadanía y correcciones en el Estado.