Preocupadas por el riesgo de un devenir autoritario, varias organizaciones sociales, desde una perspectiva ciudadana hemos acordado vigilar y llamar la atención sobre los riesgos y las afectaciones a los derechos y garantías democráticas
Riesgos para los derechos y las garantías democráticas
A partir del acuerdo de vigilar y llamar la atención sobre los riesgos y las afectaciones a los derechos y garantías democráticas en medio de la pandemia del covid-19, empezamos a realizar seguimiento y análisis de las medidas adoptadas por las autoridades públicas en los niveles nacional y local, y de los conflictos surgidos en su implementación para producir reportes que permitan generar alertas en la ciudadanía y correcciones en el Estado.
Así enfocaremos nuestra atención en los más significativos riesgos para los derechos y garantías democráticas:
1. Pérdida del equilibrio de poder
2. Suspensión de los procedimientos y espacios de participación ciudadana
3. Afectación a la protección de los datos personales
4. Afectaciones al derecho de acceso a la información
En la medida en que las facultades extraordinarias de las que se dota el Presidente de la República con la declaratoria de emergencia económica y social, le otorgan poderes para producir normas con fuerza de ley, disponer a su arbitrio de los recursos públicos y usar todos los días los medios masivos de comunicación. Mientras tanto, el Congreso hasta ahora no ha generado leyes para atender la pandemia y no ha reformado ninguna de las normas expedidas por el gobierno, la administración de justicia disminuyó de manera sustancial el acceso a la justicia y la Corte Constitucional en la revisión de los 116 decretos legislativos expedidos apenas ha podido emitir 54 sentencias.
El control político a las medidas adoptadas por el gobierno aún no se realiza por el Congreso y sus bancadas. Las autoridades locales han sido desbordadas en sus capacidades y en su disponibilidad de recursos por la gran cantidad de competencias y actividades que el gobierno nacional les ha delegado.
La suspensión de los procedimientos y espacios de participación ciudadana garantizados en el ordenamiento jurídico, dado que ha cesado abruptamente su funcionamiento, y solo en algunos casos han contado con medios tecnológicos para continuar actuando.
Nos preocupa la afectación a la participación ciudadana en la discusión y adopción de los planes de desarrollo local y el aplazamiento indefinido de algunos procesos electorales (Juntas de Acción Comunal, los Consejos Municipales de la Juventud y de algunas elecciones atípicas de autoridades locales).
Un tercer riesgo, es el de la afectación a la protección de los datos personales, dado que tanto el gobierno nacional como varios gobiernos locales han adoptado una serie de disposiciones que incluyen el uso de tecnologías donde la ciudadanía proporciona información sobre su localización, situación de salud e identificación, sin tener total claridad sobre cuál será el uso de dichos datos.
Se suman a la preocupación las “facultades” que se otorgan a particulares (establecimientos de comercio, conductores de servicios de transporte, etc.) para que puedan requerir información personal. Nos preocupa la normalización de un Estado que extrema la vigilancia y el control sobre la ciudadanía con todos los riesgos que entrañan para las libertades.
Transitar en medio de la incertidumbre de la pandemia requiere de un acceso oportuno y fácil a la información, al tiempo que esta debe ser clara, veraz y socialmente útil. Los motivos que sustentan el aislamiento y las demás limitaciones a la movilidad deben ser explícitos y razonables. También, deben ser sometidos al escrutinio y la deliberación pública y no como monólogos de las autoridades.
Son motivo de preocupación las tensiones entre las autoridades sobre la información relacionada con la pandemia, las medidas, su temporalidad o su efectividad. El gobierno amplió los plazos de entrega de información pública (decreto legislativo 491 de 2020) sin señalar excepciones que permitan a ciudadanas y ciudadanos acceder a información vital en medio de esta situación.
Finalmente, inquieta la opacidad en el manejo de la inmensa cantidad de recursos públicos que han sido dispuestos para atender la pandemia y sus impactos; esto sin duda limita las posibilidades de llevar a cabo procesos efectivos de control social.
