Se podría considerar que el derecho a la protesta debería pasar a un segundo plano ante la necesidad de disminuir la velocidad de la propagación del covid-19. No obstante, lo verdaderamente urgente es encontrar mecanismos de garantizarlo con los debidos protocolos de bioseguridad, pues en el marco de la excepcionalidad que vivimos aumentan los abusos de poder, la extralimitación de funciones y, sobre todo, la marginación y violación de derechos de ciudadanos vulnerables y sectores sociales subalternos.

Aun más grave, la pandemia se utiliza como excusa para todo tipo de prácticas antidemocráticas, facilitadas por grandes intereses económicos que se movilizan para beneficiarse directamente de la crisis. Esto no es una posibilidad teórica sino una realidad en curso.