La actuación del gobierno nacional constituye un ejercicio de criminalización del derecho a la protesta pacífica, que nos ubica en una suspensión de facto del orden constitucional, pues persiste en la deriva autoritaria y antidemocrática de expedir normas propias de un estado excepción a través de decretos presidenciales ordinarios, eludiendo así los controles constitucionales previstos para ese tipo de escenarios.